Según varias informaciones en medios de comunicación, los universitarios de Catalunya que hayan iniciado su grado en este curso 2013/2014 deberán aprobar un examen de inglés equivalente al First Certificate de Cambridge.

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Os adjuntamos la noticia aparecida en medios de comunicación:

Los universitarios catalanes que hayan empezado su carrera en el curso 2013-14 deberán aprobar un examen de inglés -o bien una tercera lengua extranjera- para obtener el título al finalizar el grado, según el artículo 181 de la conocida Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que el Govern aprobará la próxima semana.

Según la norma, consultada por Europa Press, los estudiantes deberán acreditar el conocimiento del idioma equivalente al B2 -que en el caso del inglés corresponde al First Certificate of English (FCE)-, a través de una «prueba común» de todo el sistema universitario catalán, que coordinará el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), el cual velará por el desarrollo de todo el proceso.

La prueba podrá convalidarse con otros certificados acreditativos de conocimientos de idiomas «que tengan reconocida su equivalencia de acuerdo con el Marco Europeo Común de Referencia para las lenguas (MECR)», como ya avanzó en abril el conseller de Economia i Coneixement de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, en comisión parlamentaria, si bien no concretó cómo se debería demostrar el nivel exigido.

Además, la ley establece que la Secretaria d’Universitats i Investigació y el Departament d’Ensenyament «instrumentarán coordinadamente» las medidas necesarias y el calendario de aplicación.

La finalidad de esta nueva medida, anunciada por el tripartito pero nunca puesta en marcha, tiene el fin de «facilitar que los estudiantes accedan a la universidad con las competencias en terceras lenguas, especialmente, en lengua inglesa», si bien también podrán hacer la prueba en otros idiomas establecidos en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

El secretario de Universidades e Investigación de la Generalitat, Antoni Castellà, anunció en la misma comisión parlamentaria que la idea era que cada universidad impulsara una prueba propia, y ahora se ha concretado en una prueba conjunta de todos los centros, como sucede con la Selectividad.